LA PAZ EN COLOMBIA
La Paz en Colombia
Contexto del Conflicto
El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas, que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. A la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional (1958-1978), hay que añadir la represión contra cualquier opción política alternativa. Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos nacidos en 1964 y que en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos, respectivamente. La violencia se agravó con la aparición a principios de los años ochenta de los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para llevar a cabo la lucha contrainsurgente. En este contexto de violencia, hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de droga y el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, que ha hecho más complejo el conflicto, donde la población civil es la principal víctima.
Antecedentes del proceso de paz
Desde los años ochenta se han ido produciendo múltiples esfuerzos de construcción de paz, tanto por parte de los actores en conflicto como de la sociedad colombiana. En 1982, el presidente Betancur convocó a las guerrillas a un acuerdo de paz. Dos años después, las FARC ordenaron un alto al fuego que duró formalmente hasta 1990, cuando el presidente Gaviria ordenó un ataque al centro de mando de las FARC. En 1990, y después de una larga negociación, se desmovilizó la tercera guerrilla del país, el M-19, fruto de la cual se aprobó una nueva Constitución en 1991 que formalmente consolidaba el Estado de derecho. En este último año se desmovilizaron otros grupos (EPL, PRT, MAQL), en 1992 el CER, en 1994 la CRS, MPM, MMM y FFG, y en 1998 el MIR-COAR. En relación a las guerrillas que no se desmovilizaron entonces, en 1991 y 1992 se celebraron encuentros en Caracas y Tlaxcala (México) entre el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de la que formaban parte las FARC, el ELN y el EPL, pero las conversaciones de 1992 quedaron suspendidas después de que las FARC asesinaran a un ministro que tenían secuestrado. En 1995, la Conferencia Episcopal colombiana creó la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), y en 1997, el presidente Samper propuso crear un Consejo Nacional de Paz formado por instituciones y sociedad civil. En enero de 1999, el secretario general de Naciones Unidas nombró a Jan Egeland como su primer delegado para Colombia, quien, tres años más tarde, sería sustituido por James Lemoyne.
ELN
En cuanto al ELN, las primeras negociaciones entre el Gobierno y esta guerrilla datan de 1991 (Caracas y Tlaxcala). En 1998, las dos partes firmaron en Madrid un acuerdo de paz que preveía la celebración de una Convención Nacional. El mismo año, los negociadores del ELN se reunieron en Maguncia (Alemania) con miembros de la sociedad civil y firmaron el acuerdo “Puerta del Cielo”, centrado en aspectos humanitarios. En 1999, Gobierno y ELN retomaron los contactos en Cuba, y al año siguiente, el Gobierno autorizó crear una zona de encuentro en el sur de Bolívar, con el acompañamiento de los Países Amigos de este proceso (Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza). En junio del 2000, no obstante, el presidente Pastrana dio por finalizados los intentos de llegar a un acuerdo con este grupo. En el 2002, el Alto Comisionado para la Paz realizó nuevas rondas exploratorias con el ELN desde Cuba y, a mediados del 2004, se iniciaron nuevas conversaciones exploratorias con la facilitación de México.
A principios de 2005, prosiguió la facilitación del embajador mexicano Andrés Valencia para conseguir un acercamiento con la guerrilla ELN. Después de una crisis temporal respecto al proceso de facilitación, a finales de marzo, este grupo y el Gobierno colombiano intercambiaron propuestas encaminadas a alcanzar una negociación directa desde el exterior (en México o Cuba), superando la etapa de acercamientos e iniciando un proceso de paz, en el que se reforzaría el acompañamiento internacional. A pesar de la buena situación, de repente el ELN dio por finalizada la facilitación mexicana al descalificar el papel de México por su voto contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No obstante, la guerrilla destacó el papel facilitador alternativo que podría jugar el Grupo de Países Amigos (España, Francia, Suiza, Noruega y Cuba). Durante el tercer trimestre de 2005, continuaron las exploraciones entre el ELN y el Gobierno, discutiendo la propuesta gubernamental de crear una mesa de acercamiento en el exterior (por un tiempo breve y definido) y sobre el acompañamiento internacional. En septiembre, el presidente Álvaro Uribe autorizó la salida de la prisión del portavoz del ELN, Francisco Galán, por un período de tres meses, a fin de que pudiera avanzar conversaciones con todos los sectores de la sociedad civil colombiana, y como respuesta a una iniciativa ciudadana (el “Grupo de Garantes”) que fue igualmente aprobada por el ELN. Esta guerrilla había señalado lo que consideraban los cinco obstáculos que bloqueaban el inicio de un auténtico proceso de paz: la negación del Gobierno de la existencia de un conflicto armado; la crisis humanitaria; las causas sociales, políticas y económicas del conflicto; la ausencia de espacios para la participación de la sociedad civil y la falsa negociación con los grupos paramilitares. Días antes de vencer el plazo, el Gobierno renovó por tres meses la libertad del portavoz del ELN y después llegó a un acuerdo con esta guerrilla para llevar a cabo exploraciones formales en Cuba durante el mes de diciembre, con el acompañamiento de Noruega, España y Suiza, en lo que se llamó “mesa de acercamiento en el exterior”.
FARC
El apoyo internacional en busca de un proceso de paz tuvo su punto álgido durante el mandato del presidente Andrés Pastrana, que mantuvo la convicción de que se podía negociar en medio del conflicto y sin un alto al fuego. A finales de 1998, el presidente Pastrana permitió la desmilitarización de una amplia zona del país para negociar con las FARC, con las que acordaron una Agenda de 12 puntos (Agenda Común para el cambio hacia una nueva Colombia, o Agenda de La Machaca, de mayo de 1999) y, posteriormente, se conformó una Mesa Nacional de Diálogos y Negociación, así como un Comité Temático. En marzo de 2001, se estableció el Grupo de Amigos del proceso con las FARC, conformado por Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela. En febrero del 2002, sin embargo, se interrumpió definitivamente el diálogo con las FARC, después de varias crisis y de que esta guerrilla secuestrara un avión. Después de la ruptura de las negociaciones con las FARC, la coyuntura cambió radicalmente, pues el nuevo presidente Álvaro Uribe llegó al poder con un programa de “seguridad democrática” basado en la recuperación del espacio público y el combate militar contra las guerrillas, con el apoyo de los EEUU mediante el Plan Colombia. Desde entonces, no se han reanudado las negociaciones con las FARC, más allá de acercamientos puntuales para lograr un acuerdo humanitario. En febrero de 2005, el secretario general de la ONU suspendió la misión de buenos oficios para la búsqueda de acercamientos con las FARC, después de seis años de actividad, ya que reconoció la imposibilidad de realizar esta tarea y poder mantener un contacto directo con los responsables de la guerrilla.
El proceso de paz en 2010
El Comando Central del ELN reveló en abril haber recibido propuestas del Gobierno de dialogar en secreto, las cuales rechazó por considerar que estaban revestidas de conveniencias de tipo electoral. La guerrilla de las FARC, por su parte, cerró toda posibilidad de diálogos con el Gobierno en el exterior. Así lo expresó el Secretariado de esta organización en un comunicado dirigido al Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en el que manifestaban que su disposición al diálogo había sido permanente, pero que no dialogarían con el Gobierno del presidente Uribe cuando solo le faltaban cuatro meses para concluir su mandato y mucho menos cuando la propuesta gubernamental establecía diálogos en el extranjero y en secreto. Reiteraron las FARC que mantendrían las puertas abiertas para el diálogo, siempre y cuando este se hiciera en Colombia y de cara a la nación. Por su parte, la Comisión de Conciliación Nacional (CCN) presentó en mayo un paquete de propuestas con el propósito de construir una política que conduzca al final del conflicto armado y que contenga una salida negociada. El documento final, que fue entregado a cada uno de los candidatos presidenciales, contenía “ocho mínimos”: política negociada de reconciliación y paz, democracia real y transparencia con los recursos públicos, equidad en los derechos para una vida digna, construcción de país desde la diversidad regional, alternativas productivas sostenibles, educación con calidad y cobertura, participación ciudadana en la construcción de los destinos colectivos y reforma agraria integral.
En junio, finalizaron los escrutinios electorales para la Presidencia de la República, que dio como ganador a Juan Manuel Santos, el cual resultó elegido con un programa de continuación de la política de gobierno del presidente Uribe. El presidente electo en su primer discurso aseguró que daría un manejo estrictamente diplomático y de respeto a las relaciones con los demás países, al tiempo que planteó que trabajaría por la integración latinoamericana como base del desarrollo y del progreso. El vicepresidente electo, Angelino Garzón, en sus primeras declaraciones a medios de prensa, aseguró que el nuevo Gobierno se esforzaría para transitar hacia la paz y la reconciliación, en el entendido que se daría continuidad a la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez. Dijo además que pedía a las guerrillas de las FARC y ELN que tomaran la decisión más revolucionaria, que es ser capaces de pedirle perdón a la población y de expresar públicamente la inutilidad de la violencia para alcanzar fines políticos, como también liberar sin condicionamientos a todos los secuestrados en su poder, como la base para que se diera en Colombia un proceso de paz.
En julio, días antes de la toma presidencial, las FARC difundieron un video en el que Alfonso Cano, Jefe del Estado Mayor Central, expresó su disposición a conversar con el nuevo Gobierno, concretamente sobre cinco puntos: las bases militares de Estados Unidos, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la tierra, el régimen político y el modelo económico. El 4 de agosto, por su parte, el ELN se mostró interesado en trabajar por construir una salida al conflicto interno de Colombia, en los marcos de una propuesta de paz para el continente, vinculante a los esfuerzos de los países que integran UNASUR y de otras iniciativas de acompañamiento que desde la comunidad internacional surjan, mostrándose dispuestos a intercambiar con el Gobierno venezolano y otros gobiernos del continente para explorar los caminos que hagan posible la paz en Colombia. El nuevo presidente colombiano, en su discurso de investidura del 7 de agosto, manifestó que “la puerta del diálogo no está cerrada con llave”. Y agregó: “Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Esto sí –insisto- sobre premisas inalterables: la renuncia de las armas, el secuestro, el narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación. Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos, seguiremos enfrentando a todos los violentos, sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance”. El presidente Santos también manifestó que, por el momento, no se activaría la figura del Alto Comisionado de Paz.